Antecedentes del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR)
El 23 de julio de 1982 se publicó en el Periódico Oficial del estado el decreto que dio vida jurídica al Organismo Público Descentralizado Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero (INDESUR), cuyo objetivo era “promover y ejecutar planes y programas de desarrollo urbano, tendientes a satisfacer la demanda del suelo, regular su mercado, regularizar la tenencia de la tierra y construir obras de infraestructura y equipamiento urbano”.
Por Decreto 3 del Congreso local, publicado en el Periódico Oficial del estado número 30, de 13 de abril de 1984, se creó el Instituto de Vivienda de Guerrero (INVIGRO), cuyo fin era “promover y ejecutar planes y programas tendientes a satisfacer la demanda de vivienda en Guerrero”.
El 12 de junio de 1987, por Decreto 51 aprobado por el Congreso local, se fusionan el Instituto de Desarrollo Urbano de Guerrero con el Instituto de Vivienda de Guerrero, reformando varios artículos que dan vida al OPD del estado de Guerrero denominado Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (INVISUR), con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo “objetivo es promover y ejecutar planes y programas tendientes a satisfacer la demanda de vivienda y suelo urbano, regular su mercado y la tenencia de la tierra, construir obras de infraestructura y equipamiento urbano, combatir enérgicamente la especulación del suelo urbano y la vivienda, estableciendo los mecanismos correspondientes, para lo cual coadyuvará con las autoridades federales, estatales y municipales, en la promoción, elaboración, revisión y enajenación de planes y programas de desarrollo urbano en las que tenga interés el Gobierno del estado y colaborar con ellas para satisfacer la demanda de suelo, infraestructura, equipamiento, servicios urbanos y de vivienda; integrar y administrar el sistema tendiente a la creación de un banco de reserva territorial urbana para su patrimonio inmobiliario; promover y ejecutar programas de regularización de la tenencia de la tierra y la reubicación de asentamientos humanos irregulares en coordinación con las autoridades competentes, percibiendo los derechos que correspondan por concepto de regularización en los términos que fije el Consejo de Administración, además de los que corresponden de acuerdo con la ley de la materia; adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, bienes inmuebles y administrarlos por cuenta propia o de terceros, otorgando créditos en los casos de enajenación con sujeción a las normas que dicte el propio Consejo de Administración; promover y ser beneficiario de expropiaciones dedicadas a usos, destinos y reservas territoriales para el desarrollo urbano; promover y desarrollar dentro del estado fraccionamientos urbanos y suburbanos de urbanización progresiva, de interés social y con la participación de la comunidad, observando lo previsto en los planes de desarrollo urbano y la legislación aplicable; construir, rehabilitar y conservar obras de infraestructura, equipamiento urbano y vivienda por cuenta propia o de terceros en coordinación con las autoridades competentes; proponer al Ejecutivo del estado las normas y políticas para el desarrollo urbano y la vivienda popular, procurando abatir el déficit de vivienda; operar un banco de información sobre requerimiento de suelo para el desarrollo urbano y vivienda, a fin de apoyar a las dependencias oficiales en el cumplimiento de sus atribuciones; promover la creación de empresas dedicadas a la producción, comercialización y transportación de materiales e insumos para la vivienda, infraestructura y equipamiento urbano, y participar o asociarse en sus actividades; asistir técnicamente a los ayuntamientos que así lo requieran; promover créditos para la construcción de vivienda de interés social, ante las dependencias y organismos fiduciarios de diferentes instituciones de crédito; desarrollar e investigar modelos para la vivienda”, etc.
Desde abril de 1997 el INVISUR cuenta con un reglamento interno de trabajo que precisa los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como del propio instituto.
Actualmente (2009) existen delegaciones regionales en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Iguala, Pungarabato, Ometepec y Zihuatanejo de Azueta.
Las atribuciones de los delegados son “promover a nivel regional y estatal los programas o proyectos que desarrolle el INVISUR, otorgar créditos para la construcción y adquisición de vivienda, suelo urbano y regularización de la tenencia de la tierra y detectar las necesidades de asistencia técnica de las diversas regiones”.
Según “el artículo 34 de la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero número 573, los Centros Regionales de Regularización de la Tenencia de la Tierra son órganos administrativos desconcentrados por territorios del INVISUR, con autonomía técnica y sin patrimonio propio, cuyo objetivo es administrar sistemas de regularización de la tenencia de la tierra en ámbitos territoriales definidos”. Sus principales acciones son planear y programar la regularización de la tenencia de la tierra, proponer modificaciones a los planes urbanos vigentes e instrumentar medidas que eviten el desarrollo de asentamientos irregulares. Para su administración y control cuentan con un consejo técnico y un director.
Los programas que opera el INVISUR son: recámara adicional, techo simple, techo de losa de concreto, piso y techo de lámina, piso firme, otorgando el material relativo, y regularización de la tenencia de la tierra, que da certeza jurídica al otorgar el título de propiedad respectivo.
El Consejo de Administración es la autoridad máxima del INVISUR y se integra por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, quien lo presidirá; el secretario de Desarrollo Social; el secretario de Finanzas y Administración; el secretario de Desarrollo Económico, y el coordinador general de Fortalecimiento Municipal.
Las estadísticas oficiales dicen que en el periodo 2005–2008 hubo 39 356 beneficiados en los programas de mejoramiento y ampliación de vivienda; que a la fecha (2009) se han recibido 27 554 demandas en los distintos programas, siendo los más solicitados recámara adicional (35.43%) y techo simple (89.28%), y se han escriturado 32 688 lotes de terreno, de 2006 a 2008, estando pendientes, a 2009, 11 908 documentos de escrituración.
El instituto recibió el Premio Nacional de Solidaridad 1990, por la construcción de vivienda rural en Xalitla; en 2004, el Premio Nacional de Vivienda en la categoría vivienda económica, con mención honorífica, por su propuesta de reubicación y construcción de las viviendas de la comunidad El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo; y, en el 2007, obtuvo el Premio Nacional de Vivienda con el Programa Mejoramiento de Vivienda Indígena, Montaña de Guerrero.
*Fuente: Enciclopedia Guerrerense-http://www.enciclopediagro.org